En esos allanamientos se apoderaban “ilegítimamente, generalmente so pretexto de averiguar procedencia y sin dejar constancia” sumarial, de elementos que no tenían vinculación con los hechos que se investigaban y que luego quedaban en su poder y, al no ser reclamados, “se repartían entre los miembros de esa sociedad” ilícita.

Tres efectivos de la policía de Córdoba fueron condenados a tres años de prisión, de ejecución condicional, luego de ser encontrados culpables secuestrar y apoderarse de elementos no vinculados a los sumarios de la investigación durante los allanamientos ordenados por las jurisdicciones judiciales competentes.

De acuerdo a la información suministrada por el Poder Judicial, las condenas alcanzan al subcomisario Claudio Rodríguez, el oficial principal Paulo Torres y el cabo Néstor Ezequiel Ávila, por un total de 17 hechos de “asociación ilícita, allanamientos ilegales, hurto agravado, abuso de autoridad, violación de los medios de pruebas y encubrimiento agravado” ocurridos entre 2015 y 2016 en la ciudad de Córdoba.

Los condenados cumplían funciones en la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 5ta. y, según la requisitoria de elevación a juicio, se encontraban a cargo de mayoría de los operativos de allanamientos que ordenaba la jurisdicción judicial.

Según informaron las fuentes, en esos allanamientos se apoderaban “ilegítimamente, generalmente so pretexto de averiguar procedencia y sin dejar constancia” sumarial, de elementos que no tenían vinculación con los hechos que se investigaban y que luego quedaban en su poder y, al no ser reclamados, “se repartían entre los miembros de esa sociedad” ilícita.

La sentencia, emitida por el tribunal técnico de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 12° Nominación de la ciudad de Córdoba y con juicio popular, condenó a los tres efectivos de la policía provincial a tres años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial por el doble tiempo.

Entre los fundamentos del fallo se detalla que “la banda utilizaba generalmente la misma modalidad delictiva: ingresaban a los domicilios con una orden emitida por un Juzgado de Control, se apropiaban de elementos (electrodomésticos, herramientas o celulares) que ninguna vinculación tenían con la actuación sumarial y de los cuales no surgía motivo alguno para dudar sobre su legalidad”.

Los secuestros tenían una sola finalidad para los miembros de la asociación: “apropiarse de todos aquellos respecto a los cuales las víctimas no lograran acreditar su propiedad. Tales bienes no eran registrados en ninguna vía formal, por cuanto los acusados disponían a su antojo sobre las pertenencias y elementos de valor de los damnificados”, remarca el texto jurídico.