Centros de la zona sur presentaron una petición para exigir la restitución de servicios interrumpidos y advierten por el impacto en la salud.

Representantes de una veintena de centros de jubilados de la zona sur de Chubut presentaron una petición ante la jueza de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, para exigir a PAMI el restablecimiento de distintas prestaciones interrumpidas sin comunicación oficial.

El documento lleva la firma de 19 centros de jubilados de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y localidades cercanas, y advierte sobre “la situación que estamos sufriendo los jubilados y pensionados de todo el país”, de la cual Chubut no constituye una excepción.

RIESGO PARA LA SALUD Y DERECHOS AFECTADOS

En relación con el corte de prestaciones, los centros señalaron que “esta decisión vulnera derechos adquiridos y pone en riesgo la atención médica y tratamientos que para muchos son indispensables, afectando la calidad de vida”.

También indicaron que, según estadísticas, en la etapa pospandemia se registra un aumento en la demanda de atención cardiológica, uno de los servicios comprometidos.

Además, denunciaron la suspensión de talleres de Memoria, Pintura, Folklore y Yoga, entre otros, y solicitaron “la urgente restitución de todas las prestaciones en función del artículo 14 de la Constitución Nacional”.

RECLAMO POR NORMALIZACIÓN Y RESPUESTA FORMAL

Los representantes de los adultos mayores reclamaron “priorizar la dignidad y el respeto hacia quienes hemos contribuido al desarrollo de nuestra Patria, sin posiciones partidarias”.

En ese marco, recordaron que “el PAMI fue creado en 1971 para ser dirigido por un directorio de jubilados y trabajadores”, y advirtieron que “la realidad es que ha pasado la mayor parte de su historia intervenido”, por lo que plantearon la necesidad de su normalización.

Asimismo, exigieron que la restitución de las prestaciones sea comunicada “de manera escrita” y oficial.

FALTA DE REPRESENTACIÓN EN LA PROVINCIA

Los centros también advirtieron la falta de un delegado de PAMI en Chubut, lo que obliga a canalizar los reclamos hacia la sede central en Buenos Aires, generando demoras que pueden extenderse durante meses.