Una vecina de Camarones radicó una denuncia penal contra el dirigente gremial y político local Luis Alberto «Beto» Farizo, a quien acusa de haberla despojado de la vivienda que alquilaba y de haberla amenazado y exigido sumas de dinero de manera presuntamente ilegítima. La presentación fue realizada en la Comisaría Distrito Camarones el pasado 10 de agosto de 2026.

Según surge del acta, la denunciante había coordinado el alquiler de una vivienda ubicada en Bartolomé Mitre N° 490 de la localidad, que ocupó a partir del 31 de julio. De acuerdo con su relato, el conflicto se originó cuando no pudo abonar el canon en la fecha pactada porque aún no había percibido su sueldo, pese a haber informado que su período de cobro era del 1 al 10 de cada mes.

LAS EXIGENCIAS DE DINERO

Conforme a la denuncia, ante la demora en el pago, Farizo le habría reclamado el pago de $45.000 por cada día no abonado y, posteriormente, una suma de $450.000 que incluiría los servicios y un mes de depósito. La denunciante manifestó que le expresó que no podía afrontar ese monto.

La presentación indica que, según la damnificada, las exigencias y amenazas fueron realizadas de manera verbal y a través de audios de WhatsApp.

EL PRESUNTO DESPOJO DE LA VIVIENDA

De acuerdo con el acta, tras el reclamo, la mujer solicitó autorización para retirar sus pertenencias y comenzó a hacerlo. Según su relato, mientras trasladaba los últimos muebles, Farizo se presentó en el domicilio y le habría manifestado que no podía retirar nada sin antes abonarle, pese a que —según consignó— él mismo la había autorizado momentos antes.

La denunciante sostuvo que quedó en situación de calle y que debió resguardar sus pertenencias en el domicilio de un tercero. Por ese motivo, solicitó una prohibición de acceso y acercamiento hacia su persona y su nuevo domicilio.

LA CAUSA EN LA JUSTICIA

La denunciante manifestó haber aportado documentación y mensajes que, según expuso, respaldarían la existencia del vínculo locativo y los pagos previos. Serán ahora las autoridades judiciales las que deberán investigar los hechos, determinar la eventual existencia de delitos y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

Cabe recordar que una denuncia penal no implica culpabilidad y que toda persona debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia firme. Será la Justicia la encargada de determinar la veracidad de los hechos denunciados.