El abogado Roberto Castillo, representante de la familia paterna de Ángel Nicolás López, confirmó que impulsará denuncias contra funcionarios judiciales y profesionales que intervinieron en el caso del niño de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia.

Un abordaje arbitrario y posible negligencia

En el marco de la investigación por el homicidio ocurrido el pasado 5 de abril, el letrado adelantó que denunciará al juez del fuero de Familia, a una defensora de menores y a dos psicólogas por presuntas fallas en el proceso que derivó en la restitución del menor a su madre biológica, Mariela Altamirano, y a su pareja, Michel González, ambos detenidos e imputados por el crimen.

Castillo cuestionó el accionar judicial y aseguró que no se habría realizado una escucha adecuada del niño. “La Convención de los Derechos del Niño exige una escucha acorde al desarrollo madurativo”, explicó, al tiempo que sostuvo que Ángel presentaba dificultades para expresarse.

En ese sentido, indicó que el menor habría manifestado querer irse “con su mamá”, pero que esa expresión habría sido interpretada de forma incorrecta. “Si el juez no pudo identificar que su figura materna era Lorena, su madre de crianza, es porque no hizo preguntas de contexto”, afirmó.

Cuestionamientos al cambio de guarda

El abogado también criticó que la decisión de modificar la guarda se haya tomado con base en un único dictamen de la defensora de menores, sin un análisis integral de la situación del niño.

Además, remarcó que se dictó una prohibición de acercamiento que lo aisló de su entorno de contención. “No entendemos cómo, con un solo dictamen, se le quita el cuidado personal”, expresó.

La autopsia determinó que el menor falleció como consecuencia de múltiples golpes en la cabeza, lo que agravó los cuestionamientos sobre las decisiones previas al hecho.

Investigación y posibles responsabilidades

La causa no solo avanza sobre los principales imputados por el homicidio, sino que también podría derivar en la investigación de responsabilidades dentro del sistema de protección de la niñez.

Según planteó Castillo, los funcionarios involucrados habrían incurrido en conductas negligentes que dejaron al niño en una situación de vulnerabilidad extrema, lo que derivó en el desenlace fatal.