#México | Buscan a dos activistas de DDHH

Dos defensores de derechos humanos que desaparecieron el domingo eran buscados por las autoridades de México, que sí encontraron ya el auto baleado en el que viajaban los dirigentes, se informó oficialmente.

Se trata del abogado Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz, profesor indígena, cuya desaparición fue condenada por la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Lagunes litigó ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mientras que Díaz se opuso a la explotación de una mina de hierro en el estado de Michoacán, en operación desde 1998, reseñó la delegación de la ONU.

Los dos participaron el domingo de una asamblea comunitaria en el municipio de Aquila, donde se ubica la mina, y avisaron al terminar que regresarían a sus domicilios, pero ya no se supo de ellos, señaló la fiscalía de Michoacán en un comunicado.

Esa noche, la fiscalía del estado vecino de Colima recibió un reporte de «disparos de arma de fuego» en el Cerro de Ortega, donde la policía «localizó la camioneta en la que se desplazaban las víctimas, con impactos de arma de fuego», añadió el reporte.

Su desaparición «busca generar temor en quienes defienden los derechos que reconoce la ley. No es aceptable que quienes defienden nuestros derechos tengan que hacerlo a costa de su libertad, su integridad o su vida», afirmó el Alto Comisionado de la ONU en un comunicado reportado por la agencia AFP.

La representación apuntó que uno de los activistas -a quien no identificó- tenía «medidas de protección del Estado que no lograron impedir su desaparición».

México es considerado uno de los países más peligrosos para los activistas ambientales, causas que también defienden Lagunes y Díaz.

En 2021 ocupó el primer lugar en asesinatos de esos defensores, con 54 de los 200 casos consignados en el mundo ese año, según la organización Global Witness, basada en Londres.

Además, 19 activistas mexicanos fueron víctimas de desaparición forzada, de acuerdo con la ONG, que acusa por esta práctica a «funcionarios estatales corruptos y grupos delictivos organizados».

Télam

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