Perú comienza 2023 con nuevas protestas y renovada incertidumbre

Perú empezó el año 2023 con nuevas protestas en diversos puntos del país, especialmente en el sur, aunque sin que se desaten por ahora enfrentamientos como los que dejaron casi una treintena de muertos en diciembre, mientras el Congreso mantiene las fricciones que podrían perjudicar el adelanto de las elecciones para el año próximo.

En algunos puntos del sur, las carreteras volvieron a quedar en manos de manifestantes que impiden el paso normal de vehículos. Los andinos Cusco y Puno y el costero Ica, todos en el sur, son los departamentos más agitados en ese sentido.

En la ciudad andina de Huancayo, entretanto, manifestantes realizaron un simbólico sepelio de la presidenta Dina Boluarte, a quien sus opositores apodan ahora “Balearte” por la forma en que se reprimieron las protestas.

Los informes formales de inteligencia y las convocatorias de los manifestantes coinciden en que se vienen días movidos y en que la relativa tranquilidad de los últimos días no fue más que una tregua con espíritu navideño.

En los departamentos del sur, dirigentes regionales que se reúnen lejos de la mirada de la prensa, a la que consideran “cómplice” de una supuesta ofensiva de la derecha contra las organizaciones populares, concretamente las del sur andino, alistan una marcha hacia Lima, sobre la que aún no se saben fechas, ni características, ni capacidad de convocatoria.

Mientras, en Lima, todo se ve como desde un universo paralelo. Salvo algunos puntos de inquietud en el centro, la ciudad continúa con su ritmo de vida habitual, ya de regreso a la normalidad tras los picos de agitación comercial.

“Aquí el que no trabaja no come”, le dijo a Télam el dueño de una tienda en un distrito limeño de clase media, Ángel, de 45 años, quien como muchos peruanos que están en la otra orilla de los manifestantes, creen que quienes protestan son en parte “comunistas” y “terroristas”.

“¿Terroristas? Aquí los grandes terroristas son el Congreso, la prensa, todo lo que encabeza Boluarte, el Ejército y la Policía”, responde desde la espesura de la Amazonía Jorge Chauca, presidente de la Asociación de Pueblos Indígenas de la Selva Central.

Tras la destitución el 7 de diciembre del presidente Pedro Castillo y su reemplazo por la hasta entonces vicepresidenta Boluarte, el Perú, y en especial los Andes del sur, fueron un infierno en el que murieron en enfrentamientos 22 personas, todos civiles sin antecedentes por subversión u otros delitos.

Unas seis personas más fallecieron en accidentes de tránsito derivados. La cifra total superó con holgura a los dos fallecidos que, en 2020, en medio de otro frenesí de violencia concentrado en Lima, tumbaron a Manuel Merino, el congresista que quiso instalarse en el poder, pero duró apenas cinco días en el intento.

Las fiestas de fin de año pusieron paños tibios, pero solo provisionales. Las células de manifestantes que depusieron su actitud -con excepción de Puno, donde se mantuvieron los cortes- acordaron retomar acciones el 4 de enero, y varios lo cumplieron.

La Policía quiso anticiparse, pero le salió mal. Convocó para esta semana una “Marcha por la Paz”, protagonizada por los propios uniformados, de quienes se documentó que recibieron órdenes del comandante de la institución, general Raúl Alfaro, para que “organicen y ejecuten la acción”.

Constitucionalistas independientes, como Omar Cairo, recordaron que la Policía es una fuerza no beligerante, por lo que no puede participar en ese tipo de actos. La marcha fue cancelada horas antes de que se realizara.

En medio de la situación, Boluarte se deshizo de su jefe de Inteligencia, el coronel en retiro Juan Carlos Liendo, contra quien había muchos cuestionamientos porque desde que dejó el uniforme se había dedicado a hacer activismo político desde posiciones de extrema derecha.

A Liendo, quien renunció después de que Boluarte dijo en público que Inteligencia estaba en observación, lo que implicaba una obvia de pérdida de confianza, lo acusaban sus críticos de entregar reportes sesgados para reducir las protestas a expresiones de radicales al margen de la ley.

Un documento oficial obtenido por el programa multimedia La Encerrona, indica que, según Inteligencia, las protestas son instigadas por remanentes de los grupos subversivos que operaron en el Perú de 1980 a 2000: el maoísta Sendero Luminoso y el guevarista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El director de La Encerrona, Marco Sifuentes, se mostró sorprendido, porque de Sendero se sabe que tiene un heredero ideológico, el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, que siempre busca filtrarse en movimientos populares, pero al MRTA se le considera muerto.

Además, destacó Sifuentes, el documento dice que esos líderes se aprovechan de la “ignorancia” de los campesinos, un calificativo despectivo sin antecedentes en escritos de esa índole.

Para analistas independientes, es muy difícil establecer las raíces de liderazgo de la protesta, por tratarse de grupos con baja capacidad de organización y experiencia, sin que eso excluya la posibilidad de que haya bolsones radicales con agenda propia.

Los primeros puntos de la agenda rebelde son la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, pero no queda claro quién asumiría el mando en ese escenario. Por línea de sucesión, si la presidenta se fuera su lugar sería para el jefe del Parlamento.

Las protestas también piden elecciones generales inmediatas (este año), convocatoria a una asamblea constituyente y libertad para Castillo, el exmandatario de izquierda que fue destituido después de que pretendiera disolver el Congreso y quien ahora, detenido, espera un juicio por supuesta sedición que le podría costar décadas de cárcel.

El desprestigiado Congreso -con menos de 10% de respaldo- avanza en la preparación de elecciones anticipadas para 2024, pero las cosas no lucen fáciles por intentos de bancadas de derecha de introducir reformas resistidas por la población, como el regreso a la bicameralidad o el fin de la prohibición de reelección inmediata para legisladores.

Asimismo, congresistas de fuerzas conservadoras impulsan proyectos para controlar a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y de paso del Tribunal Constitucional, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

Esas pretensiones, sumadas a las de sectores de izquierda de condicionar las elecciones a un referendo para una nueva Constitución podrían, según alertan los analistas, colocar en duda el proceso electoral, con toda la reacción popular que ello podría causar.

Telam

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