La presidenta de Perú, Dina Boluarte, destituyó hoy a 312 subprefectos distritales en 23 regiones del país que habían sido designados por su antecesor, Pedro Castillo, mientras el Gobierno anunció un apoyo económico a las familias de los muertos durante las recientes protestas y encaró tímidamente el debate sobre algunas reformas políticas que acompañen el proceso eleccionario de 2024.

La mayoría de los subprefectos cesanteados por Boluarte corresponde a las regiones de Ayacucho (46) -escenario de las más fuertes protestas-, San Martín (34), Junín (33), Puno (31) y Cajamarca (19), territorios en los que Castillo obtuvo masiva votación en los comicios que ganó en 2021.

La resolución dispuso, además, que las autoridades cesadas «deberán formular y presentar las declaraciones juradas de bienes y rentas», así como de intereses, informó el diario peruano El Comercio.

Los prefectos y subprefectos distritales tienen por función supervisar la gestión de los gobernadores y coordinar el diálogo con organizaciones sociales. Son los representantes del Ejecutivo en las regiones.

Durante su Gobierno, Castillo nombró en estos cargos a docentes relacionados al Fenatep, el sindicato fundado por él y derivado del Conare-Sutep, la facción más radical del magisterio.

La oposición a Castillo, mayoritaria en el Congreso, impugnaba la afinidad política que los nombrados prefectos y subprefectos tenían con el Gobierno de Castillo, aunque esto es usual en todos los gobiernos.

La campaña política y mediática contra esas autoridades incluyó la acusación de que entre ellos había presuntos integrantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), conformado por exmiembros del grupo armado Sendero Luminoso.

Aunque la fuerza de las manifestaciones que estallaron con la salida de Castillo del Palacio de Pizarro mermaron, la crisis está lejos de estar resuelta, y así lo admitió el ministro de Defensa, Jorge Chávez.

«Tanto la presidenta como el primer ministro (Alberto Otárola) nos han pedido intensificar el diálogo (con la ciudadanía), porque este marco de violencia y esta crisis aún no se ha cerrado, y todos, empezando por la presidenta, el primer ministro y los integrantes del Gabinete, estamos pendientes de esta situación», dijo Chávez.

El ministro de Justicia, José Tello, en tanto, dijo a TV Perú que el Ministerio Público tiene «todo el apoyo» del Gobierno para «sacar adelante» las investigaciones por la muerte de 27 personas en medio de las protestas.

«El fuero ordinario es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con actos como los que han podido ocurrir, el hecho de que hayan muerto personas; eso es un tema que va para una calificación dentro de lo que ve el Ministerio Público», indicó Tello.

Aún así, para el jefe de Justicia hay “delitos muy específicos» que deben ser vistos por el «fuero militar» porque son «exclusivamente» cometidos por policías y militares.

«Hay delitos muy específicos que son materia de investigación, como la desobediencia (o) el abuso en la orden dada, que son exclusivamente de policías y militares y que corresponde, constitucionalmente, que lo vea el fuero militar y policial», indicó.

Además de las investigaciones, el Ejecutivo prometió un respaldo económico a las familias de las víctimas de la violencia de las fuerzas de seguridad.

Tello expresó que “como Estado, como sociedad, no podemos ser indiferentes ante esa situación”, y adelantó la creación de una comisión multisectorial para definir los alcances de este aporte económico.

Señaló además que deberá elaborarse un reglamento para el otorgamiento de este bono, para determinar los montos y otros detalles. “Si hay algo que reparar, lo determinará la autoridad competente», afirmó.

En paralelo, parece claro que la administración de Boluarte buscará un acuerdo con al menos una parte de la oposición para impulsar algunas reformas que acompañen el proceso electoral que el Congreso planea adelantar para abril de 2024.

El mismo Tello dijo que el Gobierno está «muy enfocado» en las reformas políticas y electorales que deben «priorizarse» y que para discutir ese proceso se reunirá “con los diversos actores involucrados”.

«Ahorita, nosotros estamos muy enfocados en los lineamientos de las reformas desde el Ejecutivo y, por eso, estamos convocando a los actores; vamos a pedir reuniones con la Comisión de Constitución, con el Congreso, con la Junta de Portavoces (jefes de bancadas), para que haya prioridad” en los futuros cambios.

Aunque por ahora se habla solo de esbozos, el ministro consideró que la “sincronización” de elecciones legislativas y la segunda vuelta presidencial debe ser un punto.

«En 2019 se presentó una propuesta de 12 proyectos que deberían haberse aprobado, pero se aprobaron solo seis; fue una serie de cambios en materia electoral, pero nada articulado; si se hubiera aprobado esto por ejemplo (la sincronización de elecciones), hubiéramos tenido por ejemplo un mayor filtro con respecto a los partidos políticos», expresó Tello.

La Comisión de Constitución del Congreso, en su sesión del último viernes, ya empezó a evaluar los proyectos de reformas presentados por congresistas como Roberto Chiabra, Edward Málaga y Juan Burgos, de los que no se conocen detalles.

El Ejecutivo ya manifestó, a través del primer ministro Otárola, que apoya el regreso a un legislativo bicameral.

«Nosotros estamos en el tema del Congreso por una reforma que permita la renovación por tercios del Parlamento y que se instale un Congreso bicameral que pueda asegurar leyes de calidad, concretamente”, indicó a una emisora el sábado.

Mientras, la congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú Sigrid Bazán presentó un proyecto de ley para que se llame a un referendo a fin de consultar si se debe promover o no una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución, reportó la estatal agencia Andina.

El proyecto de ley propone que el referendo se haga por medio de esta pregunta: «¿Aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política?», con las alternativas SÍ y No.

Las bancadas de izquierda promovían que, junto al adelanto de elecciones -que todavía debe ser votado una vez en un nuevo periodo de sesiones- se acordara el llamado a una Constituyente que sancione una nueva carta magna.

TELAM