Tres efectivos de la Policía de Salta fueron imputados por el delito de «transporte de estupefacientes doblemente agravado» y se les dictó la prisión preventiva, luego de ser sorprendidos con más 19 kilos de marihuana oculta en el interior de una bolsa de ropa usada, en el baúl del vehículo en el que viajaban.

Fuentes del Ministerio Público Federal (MPF) informaron hoy que el responsable de la Sede Descentralizada de Tartagal, Marcos César Romero, formalizó ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, la imputación contra tres oficiales de la Policía de la Provincia de Salta.

El delito por el que se los imputó fue transporte de estupefacientes doblemente agravado por el número de intervinientes y por tratarse de funcionarios públicos encargados de la prevención o persecución de delitos.

Además, en línea con el pedido del representante del MPF, el juez dispuso la prisión preventiva de los tres policías que prestaban funciones en la Comisaría 26, de la localidad de Aguas Blancas, en el norte salteño.

De acuerdo con la acusación, el suboficial principal Javier Granero, la cabo Mercedes Maraz y la agente Rocío Vera circulaban por la ruta nacional 50, en un automóvil marca Renault Logan.

Al llegar al puesto de control “28 de Julio”, cerca de la ciudad salteña de Orán, a unos 270 kilómetros al norte de la capital salteña, personal de la Gendarmería Nacional les solicitó la documentación del automóvil y que abrieran el baúl, donde se podía observar una bolsa de arpillera que llamaba la atención.

Los gendarmes consultaron con el auxiliar fiscal José Rafael Lamas y, ante la presencia de testigos, requisaron la bolsa, en cuyo fondo, debajo de ropa de vestir usada, se encontraron diez paquetes con sustancia vegetal disecada, que resultaron ser 19 kilogramos de marihuana, valuados en más de 5 millones de pesos.

En la audiencia de imputación, el fiscal resaltó las pruebas documentales reunidas, la naturaleza y gravedad del hecho, y el riesgo de fuga de las personas imputadas, dada la proximidad con la frontera y la facilidad de los policías para acceder a Bolivia a través de pasos no habilitados.

Por otra parte, el representante del MPF se refirió al riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que existen diligencias en trámite que podrían frustrarse por la libertad de los acusados, quienes podrían influir en posibles testigos.

La fiscalía también hizo hincapié en que, en función de la calificación legal, la pena que podrían recibir no es de ejecución condicional y que, si bien la investigación es incipiente, no puede descartarse la posible participación de otros implicados.

Ante estos planteos, las dos mujeres policías -asistidas por sus defensores- trataron de explicar lo sucedido y así deslindar su responsabilidad, mientras que el oficial se abstuvo de declarar.

En cuanto a las medidas de coerción requeridas por el fiscal Romero, las defensas sólo presentaron objeciones respecto a la cabo y a la agente, ya que ambas tienen hijos menores a cargo, por lo que pidieron que la prisión preventiva fuera bajo la modalidad de arresto domiciliario.

En función de ello, y a partir de que la fiscalía compartió el criterio respecto a las dos mujeres, Montoya aceptó los argumentos del Ministerio Público y dio por formalizada la imputación penal, como así también la prisión preventiva de los acusados.

Tras tomar conocimiento del hecho y la detención de los tres efectivos, el jefe de la Policía de Salta, Miguel Ceballos, dio intervención inmediata a la Oficina de Asuntos Internos y viajó a la zona.