Será una reparación económica y habitacional para sobrevivientes de prostitución víctimas de violencia institucional durante los 90 y 2000.

La Asociación de Mujeres Argentina por los Derechos Humanos (AMADH), junto a la Red de Emergencia Feminista La Raquel y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) presentaron un proyecto de reparación «para las sobrevivientes de prostitución explotación sexual y/o trata personas hostigadas por la Policía en las décadas de 1990 y 2000».

El proyecto presentado a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, fue acompañado además por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y parte del Consejo Asesor Ad Honórem de ese Ministerio.

«Si bien Argentina hoy ofrece un marco normativo para denunciar los delitos, discriminaciones y vulneraciones que se atraviesan en las distintas situaciones que suceden en prostitución y explotación sexual, estas leyes no tienen carácter retroactivo», explicaron los organismos en un comunicado.

Precisaron en este sentido que muchas sobrevivientes «han quedado imposibilitadas de recibir acompañamiento y de someter a juicios a sus explotadores y a quienes ejercieron violencia sobre ellas en el pasado reciente».

«El proyecto de AMADH se propone visibilizar, reconocer y reparar esta situación» y agregaron que se trata «de una demanda reparatoria para un colectivo ‘políticamente considerado’ pero históricamente marginalizado».

El proyecto solicita la reparación y el reconocimiento de las violencias por parte del Estado, a la vez que demanda la ampliación y el mejoramiento de las políticas públicas específicas para esta problemática.

Los principales puntos del proyecto son: Reparación económica y habitacional (a través de una asignación mensual, un pago por única vez y la incorporación a cupo preferencial de vivienda) para sobrevivientes de prostitución víctimas de violencia institucional durante los 90 y 2000.

Reconocimiento de las violencias a través de la implementación de medidas generales (políticas, económicas, habitacionales, educativas y de salud) dirigidas a todas las personas que se encuentren o hayan encontrado en prostitución para reparar sus derechos.

También prevenir los daños de las violencias (incorporación a un cupo y/o derecho preferencial de vivienda, becas de estudio, asignación de prestación de salud-salud mental); Políticas públicas de sensibilización, visibilización y prevención de las múltiples violencias en prostitución.

«La aprobación de este proyecto significaría un avance en términos de Derechos Humanos para nuestro país, reconociendo y reparando a víctimas de violencia institucional desde una perspectiva de género», subrayó el comunicado.