#POLICIALES | ENCUENTRAN MUERTO EN SU CELDA A SOSPECHOSO DE ASESINAR A UN EMPRESARIO VINCULADO A UNA “CUEVA VIP”

El sospechoso de haber asesinado a un empresario en pleno centro de Santa Fe en febrero del año pasado fue hallado muerto en su celda de la cárcel de Las Flores, por lo cual se abrió una investigación para determinar las causas del deceso, informaron hoy fuentes policiales.

Se trata de Cristian Figueroa (22), quien se encontraba en prisión preventiva acusado de ser el autor material del crimen del empresario Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020 en una galería del centro de Santa Fe, donde la víctima tenía una agencia de viajes.

La Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiga la muerte de Figueroa y como primera resolución ordenó la realización de una autopsia, además de otras medidas de prueba en la celda del penal situado en el norte de la capital santafesina.

En principio, el fallecimiento del joven fue caratulado como “presunto suicidio”, ya que se encontraba en una celda de castigo y no habría pruebas de que haya intervenido un tercero.

Figueroa estaba acusado del homicidio de Oldani en un intento de robo cometido junto a cuatro cómplices, entre ellos una mujer que al momento del hecho tenía 17 años.

Oldani era titular de una agencia de viajes que funcionaba en la Galería Rivadavia, en la zona bancaria de Santa Fe, pero las actividades de ese negocio derivaron en una investigación de la Justicia Federal, ya que se sospecha que funcionaba como “cueva” financiera.

De hecho, en abril de este año, el juez federal número 2 de Santa Fe, Marcelo Bailaque, procesó a diez imputados, incluida la hija del empresario, Virginia Oldani, por supuesta “intermediación financiera no autorizada”.

En el marco de la investigación del crimen de Oldani están en prisión preventiva la mujer que era menor de edad y los sospechosos Brian Damiani, Juan Manuel Rufino y Andrés Kaipl.

La muerte de Oldani y manejos de supuesta “plata negra” de la Policía, políticos y empresarios

Hugo Ernesto César Oldani, de 67 años, murió el 12 de febrero de 2020 en el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, tras agonizar cinco horas con varios de sus órganos vitales destrozados por una bala .9mm.

Era el propietario de Turismo Oldani, un comercio ubicado en una de las galerías de la peatonal San Martín vinculada al poderoso gremio UPCN, en pleno microcentro de la capital provincial. Allí se encontraba la tarde fatídica cuando una joven pareja ingresó al negocio para robarle. Eran casi las 18, y Hugo Oldani recibió un disparo luego de forcejear con quien portaba el arma, intentando evitar que le sacasen dinero.

Quienes estaban en las inmediaciones escucharon la detonación y, luego, vieron a tres personas correr hacia un Toyota Corolla blanco en el que se dieron a la fuga. Algunos incluso pudieron observar al propio Oldani intentando perseguir a los delincuentes, operación que terminó a pocos pasos de la puerta del local, donde la víctima cayó de bruces. Fue tal la conmoción, que en la central del 911 colapsaron las líneas.

Lo que sucedió aquella tarde está hoy en una etapa de investigación avanzada y con cinco personas detenidas, pero pistas paralelas desviaron la atención del caso hacia la presunción de que Hugo Oldani tenía en aquel local una “cueva” financiera en la que se manejaban millonarias sumas de dinero ilegal.

A principios de junio, de hecho, el ex ministro de Seguridad Marcelo Saín radicó una denuncia penal por delitos contra el orden económico, financiero, cambiario y la administración tributaria, a fin de develar qué sucedía en el inmueble comercial de la firma Oldani. Apuntó principalmente contra la fiscal Cristina Ferraro, fucionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a cargo de la causa por el asesinato, a quien acusó de haber permitido (y acompañado) el ingreso de personas ajenas a las investigaciones al lugar de los hechos.

Imágenes de cámara de seguridad reveladas meses después constataron que Virginia Oldani, hija de la víctima, ingresó al local la misma madrugada en que asesinaron a su padre junto a su marido y a una tercera persona que, se presume, sería una asesora jurídica de la policía provincial. De acuerdo a lo registrado estuvieron allí más de una hora y retiraron una sospechosa suma dinero calculada en 3.100.000 pesos y más de un millón de dólares.

La desaparición del dinero fue lo que llevó al fiscal federal Walter Rodríguez, a cargo de la denuncia iniciada por Saín, a solicitar explicaciones al MPA por el accionar de Ferraro. Pero las faltas de respuestas convincentes por parte de esta jurisdicción llevaron a Rodríguez a pedir la separación de la fiscal, quien fue reemplazada por su par Gonzalo Iglesias. Definición que no fue tomada de inmediato, dado que la fiscalía federal debió sortear durante varias semanas las evasivas del MPA, principalmente las del fiscal regional Carlos Arietti y las del fiscal general Jorge Baclini, quienes solo dieron información detallada de lo investigado luego de que intermediara el propio gobernador Omar Perotti.

Una vez obtenidas, las pruebas remitidas por el MPA confirmaron las sospechas que se venían manejando. El acceso a múltiples conversaciones telefónicas mantenidas por Hugo Oldani y su hija permitieron involucrar a diez personas vinculadas a entidades financieras de Santa Fe y de Rosario, además de abrirse un alerta por la presunta circulación de dinero ilegal proveniente de la policía motorizada de la Unidad Regional I.

Sin embargo, en la capital provincial el caso sacudió el halo de misterio que envolvió a la “casa de turismo” desde siempre y donde se sospechaba que no solo se movía la plata negra de la policía sino de encumbrados dirigentes políticos y empresariales que se potenciaron luego del extraño permiso de la fiscal de permitirle a familiares retirar los fajos de pesos y dólares sino también, el hermetismo con que la justicia provincial le retaceó información a los magistrados federales.

Nueve meses después del hecho, el 18 de noviembre, el juez federal Marcelo Bailaque daría lugar a un pedido del fiscal Rodríguez y llamaría a indagatoria a Virginia Oldani y a otras nueves personas asociadas con la “cueva financiera”. Recientemente, y a causa de la negativa de ocho de ellas a contestar las preguntas de la Justicia Federal, Rodríguez pidió formalmente a Bailaque que sean procesadas.

Entre estas nuevas personas presuntamente involucradas se encuentran Carlos Nicolás Ciochetto y a Carlos Aníbal Bacigaluppo, rosarinos que trabajaban para la Mutual 29 de Noviembre, ubicada en Córdoba al 1400, una zona del microcentro apuntada por diferentes sospechas de lavado de activos. A pocos metros de aquella mutual (sobre Corrientes al 800), la financiera Cofyrco fue allanada algunas pocas semanas antes por el mismo motivo, en el marco de la investigación por el asesinato de Marcelo “Coto” Medrano, un barrabrava de Newell’s vinculado al narcotráfico.

A principios de diciembre, además, fue allanado un estudio contable que funcionaba en el mismo edificio que Cofyrco, en el contexto de una investigación por juego clandestino. Se trata de la causa que tiene presos a dos fiscales y que llevó al pedido de desafuero del senador Armando Traferri y que este jueves derivó en la suspensión de un tercer funcionario judicial.

Finalmente, el fiscal federal Federico Reynares Solari pidió que se investigue a Transatlántica, otra tradicional casa de cambios de Córdoba al 1400, por la venta de dólares al narco Ignacio “Ojito” Actis Caporale. Y si bien cada uno de estos allanamientos provienen de investigaciones distintas, dejan no obstante la duda acerca de una red de acciones ilegales realizadas todas en locales lindantes, ubicados en zonas estratégicas, y que vinculan a delincuentes con personalidades provenientes de diferentes ámbitos del poder.

También se destaca el nombre de María José Calle, empleada de Turismo Oldani. De las diferentes pruebas recogidas por Rodríguez (y que dio a conocer en un extenso escrito en el que revela la “trama oculta” del caso”), sobresale una conversación telefónica mantenida por Calle y de la que se desprenden diferentes hechos particularmente extraños: el primero, que Oldani trabajaba con “arbolitos” que realizaban intercambios de divisas en las inmediaciones del lugar; el segundo, que miembros de la policía federal “apretaron” a estos muchachos para “agarrar un diezmo”; y el tercero, que al menos uno de los “arbolitos” se encontraba en aquel momento en la sede de UPCN Santa Fe, ubicado a la vuelta del lugar de los hechos, lo que lleva preguntarse sobre la vinculación del gremio con las acciones ilícitas investigadas.

En resumen y según el fiscal Rodríguez, Oldani tenía un negocio paralelo dividido en cinco diferentes operaciones: captación de fondos, préstamos, operaciones con cheques, compra y venta de divisas y movimiento de divisas mediante el mecanismo de dólar cable. Rodríguez reveló además que el empresario tenía cuentas en el exterior y realizaba transferencias por montos millonarios a cuentas en el Uruguay, Italia, Estados Unidos, Brasil y Finlandia. Todo ello está hoy bajo la lupa.

El robo que salió mal

En cuanto al intento de robo y asesinato, las pesquisas iniciadas por Ferraro y continuadas por Iglesias ya lograron detener a cinco personas directamente implicadas. A los pocos días del asesinato cayeron Juan Manuel Ruffino (25), “chofer” a bordo del Toyota blanco, y Brian Nahuel Damiani (22), quien ofició de “campana” en el dintel de la galería. Meses después se detuvo a la pareja que ingresó al local con el arma: en abril fue el turno de Cristian Bruno Figueroa (22), quien disparó contra Oldani, y el 2 de junio fue el turno de Agustina Catherine González, de por entonces 17 años, quien primero quedó a disposición del Juzgado de Menores pero quien ya recibió la “responsabilidad penal” por haber cumplido sus 18.

Las declaraciones de los imputados y las cámaras de seguridad confirmaron a Ferraro la hipótesis de que los cuatro jóvenes ingresaron al negocio con la trunca intención de robar y que el asesinato fue un daño colateral no deseado. Las semanas posteriores al hecho se emitieron fuertes comunicados por parte de entidades empresarias exigiendo seguridad, y se realizó una marcha de “autoconvocados” y familiares de víctimas de homicidios bajo la consigna “Santa Fe Sangra”.

El 30 de diciembre se detuvo a Alfredo Manuel Sadonio (59) y a Andrés F. Kaipl (29), personas presuntamente vinculadas con la muerte de Oldani. Ambos fueron atrapados, tras cinco meses de investigación, como “organizadores” del atraco y se los acusó de haber estado presentes en la galería el día en que ocurrió el crimen, de haber escapado en otro auto (un Palio negro) que persiguió al Corolla blanco, y de ayudar a escapar a los asaltantes.

Pero con el correr de los días la detención de Sadonio empezó a carecer de sustento. Las cámaras de seguridad enfocaron claramente a Kaipl, apodado “Andresito”, aunque no había una imagen que demostrara la presencia de su “compañero”. En solo diez días, la defensa de Sadonio se encargó de demostrar que este hombre, de profesión farmacéutico, se encontraba aquel 11 de febrero en la localidad de Ataliva, un pueblo ubicado a 130 kilómetros de la ciudad capital.

Sadonio recuperó su libertad, pero la caída de las pistas que apuntaban contra él hicieron además que se debiliten las acusaciones contra Kaipl (quien quedó detenido gracias a los registros fílmicos) y, por ende, que la causa quede en un estado de confusión cada vez más sugestiva.

¿Cómo fue que, tras cinco meses de investigación, la policía no haya podido constatar antes la inocencia de Sadonio?¿Quién era el acompañante de Kaipl y cuál es el motivo por el que resulta tan difícil de rastrear? Son preguntas cuyas respuestas quizá puedan esclarecer la decisión de la fiscal Ferraro de permitir que Virginia Oldani retirase la millonaria suma de dinero mencionada. Por el momento, ninguna de las diez personas imputadas han querido dar testimonio ante la Fiscalía.

Con información de Telam y La Política Online

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