La crisis que atraviesan los vecinos del barrio Sismográfica tras el derrumbe del cerro Hermitte sumó un nuevo capítulo judicial. Uno de los damnificados presentó una denuncia penal por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, a través de su abogado patrocinante, Fernando Sicilia, quien impulsa la acción ante la Justicia.

La presentación alcanza al actual intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, y al ex jefe comunal y actual diputado nacional, Juan Pablo Luque. Además, la denuncia se extiende a todos los intendentes que hubieran tenido conocimiento o responsabilidad en los hechos, así como a funcionarios que hayan intervenido durante distintos períodos de gestión.

Consultado al respecto, Sicilia sostuvo que desde el momento del derrumbe “la Municipalidad lo único que hizo fue hablar, pero acciones concretas no hubo ninguna”, y señaló que aún hay familias que no pueden ingresar a sus viviendas para retirar sus pertenencias.

ADVERTENCIAS PREVIAS Y PRESUNTA OMISIÓN

Según explicó el abogado, la denuncia se sustenta en antecedentes técnicos que advertían sobre la inestabilidad del terreno donde se desarrolló el barrio.

El escrito cita un informe del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) del año 2002, en el que se alertaba sobre los riesgos de continuar urbanizando el sector, debido a que las construcciones se realizaban sobre materiales naturalmente removidos y con presencia de cavidades subterráneas.

“Desde hace más de veinte años existían advertencias técnicas claras sobre la peligrosidad del lugar”, afirmó Sicilia, quien sostuvo que, a su entender, las autoridades no adoptaron medidas de prevención, control ni prohibición de nuevas construcciones.

LOS DELITOS DENUNCIADOS

La presentación penal invoca los siguientes delitos:

Violación de los deberes de funcionario público (arts. 248 y 249 del Código Penal) Abuso de autoridad Estrago culposo por poner en riesgo la vida de las personas

Los cargos fueron planteados en concurso real, sin perjuicio de que la calificación legal pueda modificarse durante la investigación.

En el escrito también se sostiene que, pese al conocimiento previo sobre la inestabilidad del terreno, se habría permitido e incluso fomentado el asentamiento de viviendas en el sector.