EL GOBIERNO DEL CHUBUT CUESTIONÓ LA ACTUACIÓN JUDICIAL TRAS LOS HECHOS OCURRIDOS FRENTE A LA OFICINA JUDICIAL DE COMODORO RIVADAVIA

El Gobierno del Chubut informó sobre las acciones y avances en la investigación del ataque con armas de fuego ocurrido frente a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, y cuestionó la falta de efectividad de ciertas decisiones judiciales.

El mandatario provincial Ignacio “Nacho” Torres encabezó este miércoles una conferencia de prensa en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, junto al ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, para brindar detalles sobre los hechos de violencia y remarcar la necesidad de una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial.

Durante su exposición, Iturrioz explicó que el ataque se produjo en el marco de una audiencia preliminar por homicidio, en la que la víctima pertenecía a la familia Nieves, con antecedentes de más de 100 causas previas. “A las 8 horas, un vehículo con nueve ocupantes se aproximó al lugar y comenzaron los disparos de arma de fuego. Esta situación evidencia impunidad: estos grupos no sienten temor por la sanción penal”, sostuvo.

El ministro recordó también un hecho similar ocurrido días atrás en una estación de servicio céntrica, donde tres jóvenes asesinaron a una persona e hirieron a otra, a pesar de las cámaras de seguridad. “Esto nos obliga a extremar las medidas y trabajar en conjunto entre el Ministerio de Seguridad, la Policía y la Justicia, que hasta ahora no ha garantizado plenamente la protección de la ciudadanía”, señaló.

Iturrioz cuestionó la actuación judicial respecto al secuestro de armas: “Declararon ilegal la requisa de la camioneta y eso no podemos permitirlo. La nulidad implicaría incluso devolver las armas, aunque sean las mismas utilizadas en delitos graves. Esto es inaceptable y demuestra una falta de interés en proteger a la ciudadanía comodorense”.

El funcionario reveló que desde septiembre se vienen investigando enfrentamientos entre grupos vinculados al narcotráfico, entre ellos las familias Nieves y Vera. “Los vecinos no denuncian por temor a represalias, y comprendemos esa realidad”, indicó. Además, mencionó que en octubre se autorizaron 19 allanamientos con resultados positivos, secuestrando numerosas armas, municiones y vehículos implicados en ataques armados.

Respecto a las medidas adoptadas, adelantó que el Gobierno provincial reforzará la Brigada de Investigaciones, incorporando personal especializado para desarticular lo que definió como “una verdadera asociación ilícita que comete múltiples delitos”.

Finalmente, Iturrioz subrayó que el conflicto tiene un origen territorial vinculado al narcotráfico, y pidió responsabilidad al Poder Judicial: “No podemos permitir que tecnicismos procesales pongan en riesgo a la comunidad”.

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