El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se presentó en Comodoro Py junto a los mandatarios de Mendoza y Santa Cruz para constituirse como querellantes en la causa que investiga la entrada del Grupo Petersen a YPF en 2007.

Este lunes, los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; Mendoza, Alfredo Cornejo; y Santa Cruz, Claudio Vidal se presentaron en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 de Comodoro Py para sumarse como querellantes en la investigación por supuestas irregularidades en la compra del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen en 2007.

Torres afirmó que “las provincias productoras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece”.

El mandatario chubutense adelantó que, de ser necesario, también acudirán al Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar la suspensión de la acción civil que se desarrolla en Nueva York, en paralelo al proceso penal en Argentina.

DEFENSA DE LOS DERECHOS PROVINCIALES

Torres subrayó que el fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones más intereses, no contempla que el 49% del 51% de YPF expropiado en 2012 corresponde a las provincias petroleras.

“El grupo Eskenazi se hizo del 25% de las acciones de YPF financiándose con dividendos futuros, y luego transfirió su reclamo a un fondo buitre. Esa maniobra es el origen de este multimillonario juicio. Nosotros no vamos a permitir que se toque lo que le corresponde a Chubut y a las demás provincias productoras”, aseguró Torres.

PRESENTACIÓN EN NUEVA YORK

En paralelo a la querella penal en Argentina, la provincia presentó un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, con el objetivo de resguardar su participación accionaria en YPF y frenar cualquier intento de embargo sobre bienes que pertenecen a las jurisdicciones petroleras.

EL ORIGEN DEL LITIGIO

• En 2007, el Grupo Petersen adquirió el 25% de YPF a Repsol mediante sociedades radicadas en España.
• En 2012, el Congreso sancionó la Ley 26.741, expropiando el 51% de las acciones de la compañía.
• Tras la quiebra del Grupo Petersen, el fondo Burford Capital compró el derecho de litigio y en 2015 demandó a la Argentina en Nueva York.
• En 2023, la jueza Loretta Preska falló a favor de los demandantes, excluyendo a YPF de responsabilidad.
• En 2025, ordenó entregar el 51% de las acciones como pago, medida que fue suspendida preventivamente por la Corte de Apelaciones.

Con este paso, Torres, Cornejo y Vidal buscan reposicionar a las provincias productoras como actores centrales en la defensa de YPF y de sus recursos estratégicos.