La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, resolverá este lunes si acepta el pedido de suspensión del fallo que ordena al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.

Los abogados que representan al país presentaron la solicitud la semana pasada, asegurando que cumplir con la medida generaría un «daño irreparable», según reveló el analista Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales que involucran a la Argentina.

“La República anticipa que la jueza posiblemente autorice la suspensión de su sentencia para que el país pueda apelar sin arriesgar consecuencias legales adicionales, aunque podría imponer condiciones como el depósito de una garantía”, explicó el abogado Robert Giuffra Jr., del estudio Sullivan & Cromwell, representante legal del país.

Si esto sucede, todas las partes implicadas en tres de las cuatro apelaciones paralelas se reunirían este martes 15 para definir los próximos pasos.

UNA DECISIÓN CUESTIONADA

La sentencia que Argentina busca frenar fue dictada tras la demanda por la expropiación irregular de YPF durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con la intervención directa de Axel Kicillof. Por esta causa, el país ya fue condenado a pagar USD 16.000 millones, monto que sigue creciendo con los intereses.

Los fondos Burford y Eton Park adquirieron el derecho a litigar tras comprar los reclamos de antiguos accionistas de la petrolera. Ahora, la jueza Preska ordenó que el 51% de las acciones clase D de YPF, en manos del Estado, les sean transferidas como forma de compensación.

Desde la defensa argentina se insiste en que la sentencia es jurídicamente inaplicable, ya que:

• Viola la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso con mayoría agravada para transferir acciones de YPF.
• Desconoce la inmunidad soberana del Estado.
• Afecta directamente el interés público y la estabilidad económica del país.

Según la presentación, el país tiene altas probabilidades de éxito en la apelación, y la suspensión permitiría evitar consecuencias financieras y jurídicas irreversibles.