El juez federal Sebastián Casanello consideró que el expresidente incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública y favoreció a un bróker vinculado a su entorno íntimo.

El juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones de seguros durante su gestión. Es el primer procesamiento por corrupción que recae sobre el exmandatario, bajo la figura de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, delito que prevé penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Según la resolución, Fernández benefició al productor de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria María Cantero, con contratos millonarios a través de Nación Seguros, empresa estatal. El juez afirmó que el expresidente intervino activamente para favorecer el crecimiento de los negocios del bróker, con quien mantenía vínculos personales y laborales desde años antes de llegar a la Casa Rosada.

Durante su mandato, Martínez Sosa recibió $2.252 millones en comisiones, cerca del 60% del total abonado a intermediarios por Nación Seguros. La segunda firma más beneficiada percibió solo el 17%. Además, Casanello ordenó un embargo por $14.634 millones sobre los bienes de Fernández y procesó a otras 33 personas, incluyendo a Cantero, Martínez Sosa y el expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano.

El fallo también menciona delitos vinculados a lavado de activos y cohecho. Se investigan pagos de sobornos realizados por aseguradoras a funcionarios, entre ellos el exgerente de Nación Seguros, Mauro Tanos, y su esposa. Tanos, que fue ascendido en la gestión de Javier Milei y luego desplazado, es señalado como receptor de pagos mediante cooperativas fantasma.

EL ROL DE FERNÁNDEZ Y LA “COMUNIDAD DE INTERESES”

Casanello determinó que el expresidente no solo promovió gestos simbólicos, sino que también intervino directamente para resolver obstáculos que pudieran frenar los negocios de su entorno. En dos episodios, quedó constancia de que ordenó sostener contratos claves a favor de Martínez Sosa y retener a un funcionario en Nación Seguros que facilitaba sus operaciones.

Además, se señaló que Fernández, Cantero y Martínez Sosa compartían una “comunidad de intereses económicos” desde años antes de la presidencia. Según el fallo, el exmandatario facturó servicios jurídicos a la firma del bróker durante al menos nueve años y mantuvo una deuda de U$S 20.000 con él hasta el fin de su mandato.

La causa también investiga la omisión de medidas para evitar conflictos de interés, como la designación de Cantero como secretaria privada, lo cual –según el juez– le permitió usar su posición para expandir los negocios familiares con el Estado.

El juez consideró que 14 organismos estatales firmaron contratos con la firma de Martínez Sosa, y en varios casos el empresario actuó oculto detrás de otros brokers para evitar sospechas.