La ley impulsada por la oposición fue aprobada en el Senado y establece un aumento del 7,2% para jubilaciones y pensiones, además de elevar el bono de $70.000 a $110.000. Aunque el Gobierno anunció que vetará la norma, el incremento aún podría concretarse si el Congreso insiste o si se judicializa el conflicto.

¿CUÁNTO COBRARÍAN LOS JUBILADOS?

Actualmente, la jubilación mínima es de $309.294,79, a la que se suma el bono de $70.000, alcanzando un total de $379.294,79.

Con la nueva ley:

• El haber mínimo con el aumento del 7,2% y el bono actualizado se iría a $441.564, lo que implica una suba del 16,4%.
• El haber máximo, que hoy es de $2.081.261,17, pasaría a $2.231.111.
• Para una jubilación promedio de $900.000, como señaló el ministro Luis Caputo, el nuevo monto sería de $964.800.

COSTO FISCAL Y POLÉMICA CON EL EJECUTIVO

El bono de $110.000, con actualización futura por inflación, representaría un costo fiscal de aproximadamente 0,26% del PBI. La suba de haberes, en tanto, implicaría 0,20% del PBI en 2025 y 0,42% en 2026, sumando un total estimado del 0,7% del PBI.

El Gobierno de Javier Milei ya adelantó que vetará la ley. Desde la Rosada afirman que atenta contra el “déficit cero” y, en caso de que el Congreso insista en la aprobación, buscarán frenar la norma en la Justicia.

“El compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero”, escribió el Presidente en sus redes, calificando la ley como “demagogia populista”.

MORATORIA PREVISIONAL Y NUEVOS FONDOS

El proyecto aprobado también restablece la moratoria previsional por dos años, un sistema clave para que personas sin 30 años de aportes puedan acceder a la jubilación mínima. Según la oposición, 7 de cada 10 personas quedarían afuera del sistema sin esa moratoria.

A diferencia de otros intentos, esta versión incluye fuentes de financiamiento para el gasto adicional, entre ellas:

• Eliminar la exención de IVA para directores de empresas.
• Quitar beneficios fiscales a sociedades de garantía recíproca.
• Usar el ahorro del FMI tras la quita de recargos a los intereses.
• Nacionalizar fondos de entes como ACARA y CSA.
• Redireccionar partidas asignadas por DNU a la ex-SIDE.