El Gobierno argentino presentó este lunes dos nuevos escritos ante la jueza Loretta Preska, en respuesta a los planteos de Petersen/Eton y Bainbridge, quienes solicitaron que se ejecute de forma inmediata el fallo que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF.

Las presentaciones, realizadas por la Procuración del Tesoro, rechazan de forma categórica los pedidos de los fondos litigantes y solicitan suspender la ejecución de la sentencia, que aún se encuentra apelada por la Argentina.

PRINCIPALES ARGUMENTOS DEL ESTADO ARGENTINO

Caso Petersen/Eton:

• Se trata de un caso sin precedentes, con “cuestiones legales no resueltas” y un fallo de USD 16.100 millones todavía bajo revisión judicial.
• Se advierte un posible daño irreparable, ya que ejecutar la sentencia implicaría violar la legislación nacional y perder el control estatal sobre YPF.
• Además, se destaca la ausencia de perjuicio inmediato para los demandantes y el impacto negativo sobre terceros, como provincias y bonistas.

Caso Bainbridge:

• La ejecución implicaría violar la Ley 26.741, que garantiza el dominio público de los recursos hidrocarburíferos.
• Tampoco hay antecedentes jurisprudenciales en Estados Unidos que avalen un embargo sobre activos de otro Estado en condiciones como las que propone la jueza Preska.

Finalmente, el Gobierno informó que también trabaja en la apelación formal de la orden de “turnover” y en un pedido de suspensión ante el Segundo Circuito de Nueva York, si la jueza no acepta la solicitud de freno.

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