La jueza estadounidense Loretta Preska ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones que posee en YPF al fondo Burford Capital, principal beneficiario de la causa por la expropiación de la petrolera en 2012. La decisión desató una nueva ola de tensiones legales y políticas, mientras el gobierno argentino se prepara para apelar el fallo en tiempo récord.

UNA SENTENCIA HISTÓRICA Y CONTUNDENTE

Preska, jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, lleva una década al frente del juicio iniciado tras la expropiación de YPF, cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta. En 2023, la magistrada ya había condenado a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por «mala praxis expropiatoria», cifra que ahora asciende a más de USD 17.000 millones por intereses acumulados.

Según el fallo, el gobierno argentino violó los derechos de los accionistas privados al no respetar el estatuto de la empresa cuando expropió la participación mayoritaria de la española Repsol, a la que se le pagaron USD 5.000 millones, ignorando al resto de los socios.

LAS ACCIONES DE YPF, EN JUEGO

El fallo más reciente de Preska ordena a la Argentina transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días, y que se cedan a Burford (o a quien este designe) al día siguiente.

En su escrito, la jueza fue directa:

“La República exige cortesía, pero se niega a cumplir con una sentencia firme. Tiene opciones legales, como conseguir autorización del Congreso o negociar con los demandantes, pero no hace ni una cosa ni la otra”.

UNA NEGATIVA A NEGOCIAR QUE PODRÍA SALIR CARA

Preska también dejó entrever su molestia con la postura argentina, al remarcar que ningún gobierno –ni el actual de Javier Milei ni los anteriores– ha intentado negociar con Burford Capital, ni antes ni después del fallo.

El fondo británico, que se especializa en litigios internacionales, compró los derechos del caso por unos USD 15 millones y hoy es acreedor del mayor fallo contra el Estado argentino en el exterior.

EL GOBIERNO APELA, PERO EL RELOJ CORRE

Javier Milei anunció que la Argentina apelará inmediatamente la decisión. El objetivo es frenar la transferencia de acciones, al menos hasta que la instancia superior revise el caso. Sin embargo, el tiempo es limitado: Preska dio solo dos semanas para que el Estado ejecute la orden.

Mientras tanto, los abogados del país buscan alternativas legales y políticas para postergar o revertir el fallo, que amenaza con impactar en una de las empresas más estratégicas del país, clave en el desarrollo de Vaca Muerta y en las futuras exportaciones de gas.

Con info de Infobae