El planteo fue presentado ante el Superior Tribunal de Justicia y apunta al decomiso de bienes adquiridos ilegítimamente por el ex presidente de Lotería del Chubut, Carlos Barbato, y su esposa Graciela Perrone, condenados en 2023 por enriquecimiento ilícito.

El Gobierno del Chubut, a través de la Fiscalía de Estado, presentó la primera demanda de extinción de dominio contra un ex funcionario público condenado por corrupción, en el marco de la Ley XIII N° 28, sancionada durante la actual gestión provincial. La presentación busca que el Estado recupere los bienes adquiridos de forma ilegítima por Carlos Barbato, ex titular del Instituto de Asistencia Social (IAS) entre 2016 y 2019, y su esposa, Graciela Perrone.

La medida fue presentada por el fiscal de Estado, Andrés Meiszner, y el fiscal adjunto, Christian Martínez, y se trata de una acción sin precedentes que apunta a declarar la extinción del dominio sobre distintos bienes, entre ellos una vivienda de 200 m² con quincho en Playa Unión, varios vehículos de alta gama y una serie de cuatriciclos y pickups adquiridos durante el paso de Barbato por la función pública.

INVESTIGACIÓN Y CONDENA

Ambos fueron condenados en 2023 tras una exhaustiva investigación realizada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública. Barbato fue hallado responsable del delito de enriquecimiento ilícito, y condenado a tres años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Perrone recibió dos años de prisión condicional por el mismo delito, en carácter de interpósita persona.

UNA DECISIÓN POLÍTICA CLARA

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres afirmó: “A diferencia de lo que ocurrió durante muchos años, en Chubut hoy el crimen no rinde beneficios. Este gobierno está comprometido en recuperar los bienes adquiridos ilegítimamente y devolverlos a los chubutenses”.

Y agregó: “Estamos construyendo una provincia más justa y transparente, combatiendo la corrupción que tanto daño hizo a las instituciones y a la ciudadanía”.

DETALLES DE LOS BIENES INCLUIDOS

Entre los bienes cuya extinción de dominio se solicita, figuran:

Una vivienda de dos plantas en Playa Unión, con tres dormitorios y quincho, en un predio de 300 m².

Camionetas Ford Kuga y Chevrolet S10, un BMW, y un Audi A1.

Un vehículo UTV Artic Cat, cuatriciclos Gamma y Can-Am.

Lotes y autos adquiridos entre 2016 y 2019 a nombre de la pareja.


Según la demanda, todos estos bienes fueron incorporados al patrimonio familiar sin justificación legal ni respaldo económico acorde con los ingresos declarados.

UN CAMBIO DE PARADIGMA

La Oficina de Recupero de Activos del Poder Judicial lleva adelante esta acción, enmarcada en los artículos 264 a 268 del Código Penal, que sancionan delitos cometidos por funcionarios públicos, como cohecho, enriquecimiento ilícito, interés indebido en contratos y uso de información privilegiada.

La ley provincial establece que los bienes obtenidos de manera ilegítima pasen al dominio del Estado sin compensación a favor de los acusados, incluyendo sus frutos y productos.