Con la publicación de la Resolución 764/2025 en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha la etapa operativa para disolver el fideicomiso del plan Pro.Cre.Ar, creado en 2012 para administrar los créditos hipotecarios del programa. Aunque el Banco Hipotecario seguirá gestionando los préstamos vigentes, los inmuebles serán redistribuidos entre provincias, municipios o transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La medida da cumplimiento al Decreto 1018/2024, que en noviembre pasado había dispuesto la disolución formal del Fondo Fiduciario Público Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, implementado originalmente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

CAMBIOS CLAVES EN LA OPERATORIA

El programa Pro.Cre.Ar se había financiado con fondos de la ANSES, operaba mediante un fideicomiso administrado por el Banco Hipotecario y gestionaba tanto los créditos hipotecarios como las tierras fiscales urbanizadas.

Con la nueva resolución, el Ministerio de Economía instruyó a la Secretaría de Obras Públicas a encargarse de la disposición de los bienes del fideicomiso disuelto. Esto incluye tareas de regularización dominial y transferencias a distintos organismos públicos o jurisdicciones provinciales.

Además, se aprobó un modelo de Contrato de Mandato que permitirá al Banco Hipotecario continuar la gestión de los créditos individuales, con las condiciones estipuladas en el contrato original del 18 de julio de 2012.

Respecto a los inmuebles no involucrados en obras en curso, deberán ser transferidos a la AABE, a través de convenios específicos con la Secretaría de Obras Públicas y el Banco Hipotecario.

También se autoriza a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial a solicitar el traspaso de los fondos recaudados por las cobranzas a la cuenta del Tesoro Nacional, descontando gastos y honorarios operativos. Incluso se contempla la venta de carteras con baja cobrabilidad, es decir, con menos del 40% de rendimiento.

CAUSAS JUDICIALES Y ENTRADA EN VIGENCIA

Por otra parte, la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía fue designada como responsable de representar al Estado Nacional en todas las causas judiciales vinculadas al extinto fideicomiso.

La resolución entró en vigencia el mismo 9 de junio, día de su publicación, consolidando un nuevo paso en el reordenamiento del esquema de vivienda estatal y los recursos involucrados en este programa emblemático.