Así lo expresó el vicegobernador Gustavo Menna, al referirse a la medida cautelar impulsada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut, que busca frenar la realización del referéndum previsto para el 26 de octubre. La enmienda constitucional, promovida por el Poder Ejecutivo y aprobada en febrero por la Legislatura, deberá ser ratificada por la ciudadanía en esa consulta popular.

Menna calificó como “preocupante” la acción judicial presentada por la Asociación, ya que, según indicó, “se le quiere quitar al pueblo de Chubut el derecho a decidir” sobre la eliminación o no de la inmunidad de arresto para funcionarios públicos. Remarcó además que, aunque la norma fue votada en la Legislatura, aún no está en vigencia y necesita la ratificación del electorado, tal como lo establece la Constitución Provincial.

“Lo que me preocupa de esta acción judicial es que plantea una cautelar para impedir votar en octubre”, sostuvo Menna. “Se quiere evitar que la sociedad diga si está de acuerdo con eliminar los fueros o con sostenerlos”, agregó.

El vicegobernador recordó que esta reforma responde a un reclamo de la sociedad civil, y se enmarca en otras iniciativas que impulsó el Ejecutivo provincial como la ampliación de la Ficha Limpia, la extinción de dominio y medidas que refuerzan la transparencia en la obra pública.

La enmienda de los artículos 247 y 248 de la Constitución fue aprobada el 27 de febrero por la Legislatura con 18 votos, alcanzando la mayoría agravada que exige la Carta Magna. Sin embargo, la entrada en vigencia de la norma depende de lo que decidan los chubutenses en el referéndum, que se realizará el 26 de octubre, en simultáneo con la elección de diputados nacionales.

Menna aclaró que “no es el Poder Judicial, sino una asociación” la que intenta frenar el proceso. Además, cuestionó el carácter de los fueros: “Son un privilegio, así los define la propia Constitución y la doctrina constitucional. La etimología misma viene de ley privada, es decir, reglas especiales aplicadas a una minoría”.

“El beneficio alcanza a un número muy reducido de personas. En Chubut vivimos más de 600.000 personas, y si sumamos al gobernador, vicegobernador, diputados, ministros, intendentes, concejales y dirigentes sindicales alcanzados por los fueros, no superan las 3.000. Es evidente que se trata de un privilegio”.

Menna argumentó que la existencia de los fueros genera desigualdad ante la ley: “Impiden, por ejemplo, que una persona condenada por un delito cumpla su sentencia si antes no se autoriza su desafuero en el órgano correspondiente”. Indicó además que en el caso de un sindicalista, esa autorización la debe otorgar una entidad gremial, que no forma parte del Estado.

“A esta altura de la democracia, esto no tiene fundamento. La percepción que genera es que no hay igualdad ante la ley”, manifestó.

Reafirmó que la enmienda aún no rige, porque necesita el aval ciudadano. “Es como impugnar un proyecto de ley. La Constitución exige que el cambio sea refrendado por el pueblo a través del voto. Solo con el ‘sí’ en las urnas la enmienda entra en vigencia y los fueros se eliminan”.

También aclaró que la reforma solo afecta a la inmunidad de arresto, no así a la inmunidad de opinión, que continúa vigente. “No hay delito de opinión en la Argentina cuando se trata de expresiones de interés público. Esto se modificó en 2009 tras un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del periodista Eduardo Kimel”, explicó.

Y concluyó: “Está bien que se dé el debate. Estamos quienes creemos en eliminar estos privilegios y quienes los defienden. Pero la decisión debe tomarla el pueblo, que es el soberano”.