En la ciudad de Sarmiento, el juez penal Ariel Quiroga aprobó la aplicación de una suspensión de juicio a prueba para Bruno Álvarez, acusado de cometer cuatro actos de desobediencia a órdenes judiciales. La defensora pública Rosa Sánchez propuso esta medida, que implica que Álvarez deberá cumplir con ciertas condiciones durante un año para evitar un juicio formal. Entre las obligaciones impuestas, se incluyen presentaciones trimestrales ante las autoridades de control, la participación en talleres sobre violencia de género y la prohibición de contacto o acercamiento hacia la denunciante. Además, Álvarez ofreció una reparación económica destinada a la Asociación de Bomberos Voluntarios, el Hogar de Ancianos «Marí-Marí Peñí» y el Hospital Rural de Sarmiento.

La fiscal Luciana Coppini señaló que, aunque existe una directiva de la Procuración General que generalmente desaconseja este tipo de soluciones alternativas en casos de violencia de género, se consideró pertinente en esta ocasión tras consultar a la víctima y al Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD). Ambos manifestaron su conformidad con la suspensión del juicio, siempre y cuando el imputado cumpliera con las condiciones establecidas. Coppini enfatizó la importancia de abordar la raíz del problema, que en este caso específico está relacionada con la violencia de género, y consideró que la medida propuesta podría ser efectiva para prevenir futuros incidentes.

Los incidentes que dieron origen a esta causa ocurrieron a finales de agosto de 2024. El 29 de ese mes, Álvarez se acercó a su ex pareja en las inmediaciones de un comercio ubicado en las calles España y Uruguay, violando una orden de prohibición de contacto emitida el 11 de agosto por la jueza de paz Dora Álvarez. Al día siguiente, ingresó sin autorización a la residencia de la víctima en el barrio «Parque 21 de Junio» mientras ella se encontraba trabajando. Además, en esas mismas fechas, utilizó la aplicación «Mercado Pago» para enviarle transferencias de dinero y mensajes, contraviniendo las restricciones impuestas. Con la implementación de la suspensión de juicio a prueba, se busca que Álvarez cumpla con las condiciones establecidas durante un año, tras lo cual la causa podría ser archivada si no se registran nuevos incumplimientos.