POLICÍAS BONAERENSES DESPEDIDOS Y DENUNCIADOS POR PROTESTA SALARIAL.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, ha destituido y denunciado por sedición a 18 agentes de la Policía Bonaerense que intentaron realizar una manifestación salarial el pasado lunes. Según fuentes del Ministerio de Seguridad provincial, los oficiales fueron separados de sus cargos de manera inmediata y se les retiraron sus armas reglamentarias. Además, se les imputó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que la legislación vigente prohíbe a los miembros de la fuerza realizar reclamos o sindicalizarse. Desde el ministerio enfatizaron que la Policía tiene la responsabilidad de combatir la ilegalidad y no puede incurrir en actos ilegales. Durante su formación, los efectivos reciben instrucción sobre el reglamento interno y las limitaciones establecidas por la normativa. La respuesta de la cartera de Seguridad fue inmediata, procediendo a la destitución de los involucrados a los pocos minutos de iniciada la protesta y confiscando sus armas. Actualmente, la Policía de la Provincia cuenta con aproximadamente 100.000 efectivos en servicio. Las mejoras salariales dependen de las paritarias del sector estatal. Recientemente, la administración de Kicillof anunció un aumento del 9% en dos tramos: un 7% en febrero y el 2% restante en marzo, tras llegar a un acuerdo con los sindicatos estatales y docentes. Este incremento también impacta en otros beneficios adicionales, como la compensación por uniforme y los montos abonados por el servicio de Policía Adicional (Polad), que remunera a los agentes que prestan tareas durante sus días de descanso. En comparación, el aumento salarial otorgado por el Gobierno nacional a las fuerzas de seguridad federales fue del 5% sobre el sueldo básico y sumas especiales. Las protestas dentro de la Policía Bonaerense no son una novedad y suelen gestarse a través de las redes sociales. Entre los reclamos figuran la eliminación de sanciones para quienes participen en las protestas, un incremento del 100% en el salario básico, mejoras en la cobertura de IOMA y convenios con clínicas privadas, así como la posibilidad de desempeñarse dentro de un radio de 50 kilómetros de su residencia.

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