La medida implica un «ahorro millonario» y busca «restaurar la coherencia y valores éticos en la administración pública», según el Gobierno de Milei.

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El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano y la ANSeS, anunció la eliminación de la jubilación y pensión por fallecimiento que percibía la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La decisión, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, surge tras la confirmación de la condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad. «Esto supone un ahorro de $21.827.624,65 mensuales para el Estado», indicó Adorni en conferencia de prensa.

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La medida, que generó un fuerte impacto en el ámbito político y social, se basa en la Ley 24.018, que otorga beneficios a ex presidentes y ex vicepresidentes de manera excepcional. «Estas asignaciones se dan como reconocimiento al mérito y al buen desempeño en el cargo, algo que queda invalidado ante una condena por corrupción», explicó el vocero. El comunicado oficial emitido por el Ministerio de Capital Humano enfatizó que la baja no es una sanción accesoria, sino una «necesaria consecuencia de la indignidad de haber sido condenada por administración fraudulenta».

El presidente Milei, desde Florida, donde participa de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), celebró la medida con la frase: «El que las hace, las paga». La postura del mandatario marca un cambio de dirección respecto a declaraciones previas, donde había calificado estas jubilaciones como «derechos adquiridos». La nueva medida refuerza la promesa de campaña de Milei de reducir privilegios y combatir la corrupción en todos los niveles del Estado.

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La ex mandataria, actual presidenta del PJ, podrá acceder a una pensión y jubilación basadas en sus aportes, sin los adicionales derivados de los beneficios excepcionales. Adorni adelantó que es probable que Fernández de Kirchner recurra a la Justicia para impugnar la decisión, un proceso que promete mantener el tema en el centro de la agenda política.

Desde la oposición y sectores afines a la ex presidenta, se alzaron voces que cuestionan la legitimidad de la medida. No obstante, el Gobierno insiste en que es un acto de coherencia con el objetivo de restaurar los valores éticos en la función pública y establecer un precedente ejemplar para futuras generaciones políticas.

Fuente: Noticias Argentinas SA.

Foto de portada: El Independiente.