El juicio, que se desarrolló en dos jornadas, enfrenta a la Fiscalía y la Defensa en un caso sin testigos presenciales. El veredicto depende de la consideración del consentimiento, elemento clave en la acusación de abuso sexual.
Un jurado popular integrado por doce ciudadanos, seis hombres y seis mujeres, comenzó a deliberar en Esquel sobre un delicado caso de abuso sexual que ha captado la atención de la comunidad. El juicio, que inició el martes, se extendió durante dos días en los que tanto la Fiscalía como la Defensa presentaron sus pruebas y argumentos ante el jurado. Sin testigos presenciales, el caso se ha reconstruido a partir de declaraciones de personas que estuvieron en momentos previos y posteriores al presunto abuso.
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La Fiscalía está representada por los fiscales Martín Robertson y María Bottini, junto a la funcionaria Sofía Torres, mientras que el imputado cuenta con la defensa del abogado particular Daniel Sandoval. El juez técnico a cargo del proceso es Jorge Criado, quien ha guiado al jurado en el análisis de las pruebas y en la comprensión de la ley.
El jurado deberá resolver si el hecho en cuestión ocurrió, si el imputado es el responsable y si el acto constituye un delito según las leyes vigentes. En casos de abuso sexual, uno de los factores más críticos es determinar si hubo consentimiento por parte de la víctima, un concepto que la ONU Mujeres describe como inequívoco y esencial en la tipificación de este delito.
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El consentimiento, según la ONG, debe ser un «sí» claro y activo, dado libremente, informado, específico y reversible. En situaciones donde la víctima no pudo otorgar su consentimiento de manera plena y consciente, como bajo la influencia de alcohol o drogas, se refuerza la acusación de abuso.
Este caso subraya la importancia de entender y respetar el consentimiento en todas las relaciones, una cuestión que es fundamental para erradicar la violencia sexual, especialmente en entornos donde la víctima conoce al agresor.












