El fallo responde al pedido del Gobierno del Chubut y Parques Nacionales, destacando el compromiso con la protección del patrimonio natural.

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La Justicia Federal, a través del Juzgado de Esquel, dispuso la expulsión de Cruz Ernesto Cárdenas, María Belén Salinas y otros ocupantes ilegales del Parque Nacional Los Alerces, vinculados con incendios intencionales que afectaron miles de hectáreas en la Comarca Andina de Chubut. Esta resolución se da en respuesta a un pedido del Gobierno del Chubut y la Administración de Parques Nacionales, reafirmando el compromiso con la protección del patrimonio natural.

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El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, expresó su satisfacción con la decisión judicial, reiterando que «en Chubut ya no hay lugar para los usurpadores». Torres destacó que estos ocupantes, a quienes describió como «pseudo mapuches», se escudan en falsas banderas de pueblos originarios para cometer delitos. Entre los desalojados se encuentra Cruz Cárdenas, un ex brigadista sospechado de participar en los incendios intencionales.

El conflicto comenzó en 2019 cuando Cárdenas y Salinas, miembros de la comunidad mapuche Pailako Futalaufquen Mew, ocuparon tierras en la Reserva Nacional y Parque Nacional Los Alerces. Desde entonces, se registraron múltiples incidentes de vandalismo, agresiones a personal de Parques Nacionales y daños a la infraestructura, acompañados por la aparición de símbolos mapuches en carteles viales y la destrucción de una obra cultural conocida como «El Cristo».

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La sentencia judicial aclara que los derechos de ocupación tradicional de los pueblos indígenas no justifican la usurpación de tierras ni el uso de medios ilegales para recuperar territorios. La resolución enfatiza que los actos de ocupación y vandalismo no están amparados por la ley y, por ende, no justifican la permanencia en los terrenos en cuestión.

El procedimiento de desalojo, según lo dispuesto por el juzgado, será llevado a cabo por un Oficial de Justicia, acompañado por personal de la Administración de Parques Nacionales y la Policía Federal. Además, se contempla la intervención del Ministerio de Defensa debido a la proximidad del territorio con la frontera chilena, garantizando así la supervisión adecuada y la protección de los derechos de todas las partes involucradas.