Amnistía Internacional advierte a la CIDH y a la ONU sobre la represión excesiva en Argentina y la vulneración del derecho a la protesta pacífica bajo la gestión de Javier Milei.

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Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei hace casi ocho meses, al menos nueve protestas en la Ciudad de Buenos Aires fueron reprimidas de manera excesiva y abusiva por las fuerzas de seguridad. Estas acciones restringieron el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente y afectaron gravemente la libertad de expresión en el país.

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Amnistía Internacional (AI) envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a expertos de Naciones Unidas, alertando sobre estas restricciones a la protesta social. La organización denunció la implementación de normas, como el “protocolo anti-piquetes” y el reglamento para el uso de armas menos letales, que consideran la protesta social como un delito y desconocen los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, expresó su preocupación: «El derecho a expresarnos libremente es uno de los principios fundacionales de la democracia. Desde el 10 de diciembre de 2023 se vienen desplegando numerosas estrategias que tienen como objetivo restringir e impedir la protesta, enviando un mensaje amenazante a quienes deciden reclamar a las autoridades». García Rey destacó que estas acciones ocurren en un contexto de narrativa gubernamental violenta y polarizante.

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El relevamiento de AI identificó varios problemas en las protestas sociales, incluyendo el uso abusivo de la fuerza, el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y balas de goma, ataques a la prensa, criminalización de la protesta y detenciones arbitrarias. Estas prácticas resultaron en numerosas personas heridas, muchas con lesiones en la zona facial y ocular.

La intervención estatal no solo desalentó y limitado el ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, sino que también fomentó un ambiente de violencia y represión. Amnistía Internacional solicitó a la CIDH y a Naciones Unidas que exhorten al Estado argentino a respetar y proteger la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, tal como establecen los estándares internacionales.

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En conclusión, AI insta al gobierno argentino a abstenerse de utilizar la persecución penal para desalentar el disenso y los reclamos sociales, y a garantizar un entorno donde se respete plenamente el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión.

Fuente y Foto: Amnistía Internacional.