La Cámara de Diputados iniciará el tratamiento del proyecto de ley que propone un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, incluyendo la posibilidad de reemplazar penas de prisión por otras sanciones.

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La Cámara de Diputados de Argentina comenzará el próximo miércoles el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone reducir la edad de imputabilidad a 13 años. El debate se llevará a cabo en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda, convocado para las 12:30 en el anexo C. Esta propuesta busca establecer un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años cuando sean imputados por delitos tipificados en el Código Penal o en leyes penales especiales.

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El proyecto establece que, en casos donde la pena prevista para el delito supere los tres años de prisión pero no exceda los seis años, y ninguno de los hechos haya implicado la muerte de la víctima, el tribunal podrá reemplazar la pena de prisión por otras sanciones alternativas. Estas sanciones incluyen amonestaciones, prohibiciones de contacto con la víctima, prohibición de conducción de vehículos, entre otras. Además, se contempla la posibilidad de que la pena privativa de libertad se cumpla en el domicilio, en un instituto abierto o en una sección separada de un establecimiento penitenciario adecuado para adolescentes.

El proyecto también excluye la imposición de penas de reclusión perpetua y de prisión perpetua para adolescentes, limitando las penas privativas de libertad a un máximo de 20 años. Además, se establece que cuando el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se cumplan las condiciones para la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto de la pena sea cumplido mediante otras penas previstas en la ley.

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Más allá de las sanciones, el proyecto enfatiza la importancia de la educación, resocialización e integración social de los adolescentes imputados. Entre las medidas complementarias se incluyen el asesoramiento, orientación y supervisión periódica de un equipo interdisciplinario, así como la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral y deportivos. También se contempla la participación en tratamientos médicos o psicológicos según lo estimen necesario los profesionales de la salud.

En los fundamentos del proyecto, se destaca que actualmente los delitos cometidos por adolescentes menores de 16 años quedan impunes, generando una situación de injusticia percibida tanto por las víctimas como por la sociedad en general. El proyecto también señala que la edad de imputabilidad en Argentina, fijada en 16 años, es más alta que en otros países de la región como Chile, Colombia y Perú (14 años), Guatemala, Nicaragua y Uruguay (13 años), Brasil y México (12 años) y Granada y Trinidad y Tobago (7 años).

Fuente: Noticias Argentinas SA.

Foto de portada: Archivo.