Durante el año 2021 fueron asesinados en Colombia 145 «líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos», informó este lunes la Defensoría del Pueblo, órgano Estatal y autónomo creado por la Constitución en 1991 y cuya función es velar por las garantías fundamentales.

A través de un comunicado, la entidad comunicó que el año pasado se registraron «145 homicidios en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos», una cifra que refleja la continuidad de la violencia tras el proceso de paz de 2016.

El organismo añadió que entre los muertos hay 32 representantes indígenas, 16 líderes campesinos o agrarios y 7 sindicalistas.

«Repudiamos esos hechos que se dan principalmente por el accionar criminal de los grupos armados ilegales», manifestó el titular de la Defensoría, Carlos Camargo, aunque no identificó a los presuntos responsables de estos ataques.

Los departamentos de Colombia con más asesinatos fueron Antioquia (24), Cauca (22) y Valle del Cauca (19), territorios en los que suele operar el narcotráfico.

De acuerdo a la ONG internacional Global Witness, Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas comprometidos con los derechos humanos e incluso lo señala como «el más letal» para quienes militan por la defensa del medio ambiente (65 muertos en el año 2020), recordó este lunes la agencia de noticias AFP.

La cifra de hombres y mujeres asesinados en 2021 es menor a la de 2020, año en el que la Defensoría del Pueblo colombiana identificó 182 homicidios a integrantes de colectivos sociales, ambientales, gremiales o de derechos humanos.

Desde la firma de la paz con la guerrilla de las FARC en 2016 los crímenes contra líderes sociales, campesinos y referentes gremiales y políticos no han cesado, lo que llevó a que el Estado colombiano sea acusado de cometer «crímenes de lesa humanidad» en foros internacionales como el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), tribunal de opinión independiente integrado por juristas y académicos de todo el mundo que analiza y juzga violaciones a los derechos humanos de acuerdo a los preceptos del Derecho Internacional.

El año pasado, el TPP se estableció varios meses en Colombia para escuchar testimonios de familiares de las víctimas hasta finalmente emitir un pronunciamiento en el que condenó a los sucesivos Gobiernos colombianos desde el año 1946 por cometer múltiples «crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en particular, contra la población civil» y un «genocidio continuado dirigido a la destrucción parcial» de movimientos sindicales y campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, grupos políticos y organizaciones de derechos humanos.

El actual Gobierno colombiano al mando de Iván Duque (Centro Democrático, centroderecha) acusa al narcotráfico de estar detrás de los homicidios.